Jerusalén. La Comisión Electoral Central de Israel rechazó la petición del partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, de alargar el horario de votación más allá del cierre de las urnas previsto a las 22:00 hora local (14:00 horas en México)

«La elevada participación a nivel nacional, en todos los sectores de la sociedad, refleja un fuerte compromiso de la ciudadanía con el proceso democrático; por tanto, no se ha identificado la necesidad de extender el horario de votación», informó este organismo electoral en un comunicado.

El Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió esta tarde prorrogar el horario de votación. A la solicitud se sumó Otzma Yehudit (Poder Judío), formación ultraderechista liderada por Itamar Ben Gvir, alegando la elevada afluencia de electores y las largas colas en los colegios electorales.

Ciudadanos israelís hacen fila para votar em la ciudad de Herzliya, cerca de Tel Aviv, Israel. Foto: EFE

La petición se produjo en una jornada electoral en la que la participación alcanzó 66.7% a las 18:00 hora local, la cifra más alta registrada en la historia del país, y 9 puntos superior a la de los comicios de 2022, según la Comisión Electoral Central.

El opositor Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, rechazó la iniciativa del Likud y sostuvo que no se había producido ningún incidente excepcional que justificara una ampliación del horario. En un comunicado, el partido afirmó que la petición buscaba «sentar las bases para cuestionar la integridad de las elecciones» y acusó a Netanyahu de «continuar difundiendo falsedades» durante la jornada electoral.

Los reñidos comicios de este martes son clave para el futuro político del primer ministro, cuyo bloque se enfrenta al opositor encabezado por Eisenkot.

Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3.25% del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

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am/mcc

El gobierno de Guatemala destituyó al jefe de la policía y a otro alto funcionario cuestionados tras el asesinato de un exfiscal anticorrupción, anunció el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

El país centroamericano se estremeció el pasado 17 de octubre con el crimen del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, atacado frente a su hijo en una cancha de fútbol de la capital.

Solórzano, de 43 años, denunciaba nexos entre políticos y pandilleros, y llegó a señalar incluso al saliente director de la policía, David Custodio. El oficial fue despedido junto a su número dos, Esvin Quiché.

El ministro indicó que los cambios en la cúpula policial son parte de una «evaluación» anunciada días después del asesinato del exfiscal.

«Esta decisión forma parte del proceso de evaluación y reestructuración institucional que hemos venido desarrollando con el propósito de fortalecer» a la policía, dijo Villeda en rueda de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo.

El exfiscal denunciaba vínculos entre políticos y autoridades con la pandilla Barrio 18, la más poderosa del país, y acusó directamente al destituido director.

«Es un tipo que está coludido con el crimen organizado, lo digo abiertamente», aseguró Solórzano en un pódcast en agosto pasado, al vincular al entonces jefe policial con la Barrio 18.

El exfiscal indicó entonces que Custodio «facilitó y promovió la fuga» de 20 líderes de esa pandilla de una cárcel de alta seguridad hace un año.

El director de la policía también fue blanco de críticas tras el crimen de Solórzano Foppa. «Yo no confío para nada en la cúpula que actualmente dirige la policía», afirmó el diputado David Illescas, exmiembro del gobernante partido Semilla.

La policía fue cuestionada en particular por la detención y posterior liberación por «falta de mérito» de dos personas que habían sido involucradas en el caso.

Siete policías son procesados por detención ilegal por supuestamente haber sembrado un arma a los capturados.

El crimen del exfiscal conmocionó al país en medio de un recrudecimiento de la criminalidad y de las tensiones políticas de cara a las elecciones generales de 2027.

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mcc

Flávio Bolsonaro salió rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales de Brasil, informó el diario Folha de Sao Paulo, que citó a aliados del senador conservador, este martes 27 de octubre.

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Bolsonaro después de que incumplió una orden del Supremo Tribunal Federal de entregar los documentos en un plazo de 24 horas, informó una fuente policial familiarizada con el asunto.

Las autoridades brasileñas no tienen registro oficial alguno de que Bolsonaro haya salido de Brasil, según el funcionario, quien pidió no ser identificado porque la información no es pública.

Aliados de Bolsonaro dijeron este martes 27 de octubre a Bloomberg News que habían intentado ponerse en contacto con él por la mañana, pero que no habían recibido respuesta.

presidente Javier Milei negó que Bolsonaro hubiera ingresado a Argentina después de que un medio local reportó que había cruzado al país por la provincia fronteriza de Misiones y planeaba viajar desde allí a EU.

Los portavoces de Bolsonaro no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Los Bolsonaro y sus problemas con la justicia de Brasil

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años, es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien también viajó a Estados Unidos tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Posteriormente regresó a Brasil y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años por difundir afirmaciones falsas sobre el sistema de voto electrónico antes de los comicios.

En septiembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado por conspirar para dar un golpe de Estado tras su derrota frente a Lula. Fue detenido dos meses después ante el temor de que intentara huir del país y actualmente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario.

Flávio Bolsonaro es objeto de al menos dos investigaciones federales. La primera se refiere a acusaciones de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal relacionadas con sus vínculos con Daniel Vorcaro, antiguo propietario de Banco Master, una entidad en quiebra implicada en el mayor caso de fraude bancario de la historia de Brasil. Bolsonaro niega haber cometido delitos, aunque admitió que pidió dinero a Vorcaro para financiar una película sobre su padre.

La segunda investigación surgió de una pesquisa de la Policía Federal que identificó vínculos entre Bolsonaro y un abogado investigado por presunto lavado de dinero.

Un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil ordenó este martes 27 de octubre a las autoridades federales abrir una investigación sobre una posible financiación extranjera ilegal de la campaña presidencial de Bolsonaro, incluida la procedente de un grupo vinculado al vicepresidente de EU, J.D. Vance.

El magistrado subrayó que la orden no concluye que haya existido financiación extranjera ilegal, pero señaló que las acusaciones surgidas durante la campaña presidencial brasileña justifican una investigación. La oficina de Vance no respondió a una solicitud de comentarios.