Madrid.— Familiares buscaban ayer a sus seres queridos, un día después del choque de dos trenes de alta velocidad que dejó 69 muertos; la falta de noticias generó desesperación y enojo.

“Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano”, aseguró a la AFP Manuel San Emeterio, quien busca a Pepe, de 54 años, quien viajaba en uno de los trenes accidentados. “La incertidumbre es lo peor que se lleva (…) pero creo que hay algo que lo contrarresta, que es la esperanza”, agregó desde una casa diocesana de Toledo, a unos 70 kilómetros del lugar del siniestro, donde algunos familiares aguardan noticias.

Las autoridades regionales de Castilla-La Mancha, la zona donde ocurrió el accidente, señalaron que además de los 69 fallecidos, unos 50 heridos siguen en diferentes hospitales. Entre las víctimas mortales está Fátima Báñez, ministra de Empleo en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy (2011-2018).

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa estatal Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía, unos 150 kilómetros al sur de la capital.

Previamente, el sistema LZB —que comunica con los maquinistas y permite detectar obstáculos en las vías— de la estación de Urda había caído como consecuencia de un fallo de comunicación y, automáticamente, un tramo de 63 kilómetros se quedó sin ese sistema de seguridad.

El Centro de Control pidió al Renfe reanudar la marca a la velocidad normal y no a la “marcha vista”, más lenta. El maquinista de Iryo avisó que por un fallo no podía avanzar y estaba detenido, pero ello nunca se le comunicó al Renfe.

Ayer, servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, seguían buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones.

“Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder”, subrayó el rey de España, Felipe VI, tras visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo.

La morgue de la ciudad se vio rebasada. La Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que levantar carpas y cámaras frigoríficas de color rojo en un terreno para conservar los cuerpos, mientras 25 médicos forenses trabajan en las identificaciones.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su compromiso por determinar las causas de la colisión. “Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder”, aseguró tras una reunión del comité de emergencia. Los tres días de luto que decretó iniciaron ayer.

En medio de la tragedia, el principal sindicato de maquinistas (Semaf) realizó una jornada de huelga “en defensa de la seguridad ferroviaria”. Según Renfe, la convocatoria tuvo “una importante incidencia en la prestación de los servicios mínimos”, ya que 26.6% de los trabajadores afectados han seguido la huelga.

La red de trenes de cercanías de la región de Madrid fue la más afectada, con la cancelación de 81% de sus servicios.

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El gobierno de Estados Unidos acusó este jueves al mexicano Luis Manuel Hernández Victoria, alias «El Ingeniero», de dar apoyo material a una organización terrorista, por diseñar y construir para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un sofisticado túnel subterráneo transfronterizo para el tráfico de drogas.

La acusación formal fue anunciada por la fiscalía del Distrito Sur de California. En ella, Hernández es acusado de los delitos de prestar apoyo material a una organización terrorista extranjera – así clasificó la administración Donald Trump al CJNG-; conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo; conspiración para utilizar un túnel transfronterizo con el fin de importar sustancias controladas y conspiración para importar sustancias controladas.

«Hernández ha sido el constructor de su propia caída» , afirmó el fiscal federal Adam Gordon en el comunicado donde se anuncian los cargos.

«La acusación de hoy subraya el compromiso inquebrantable de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestra seguridad nacional», declaró Kevin Murphy, agente especial al mando de HSI en San Diego. «Utilizando todos los recursos a nuestra disposición a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI seguirá llevando ante la justicia a los líderes de los cárteles y a los artífices de túneles transfronterizos de contrabando como Hernández» .

Hernández fue detenido en el estado de Jalisco el 15 de octubre de 2026. Las autoridades mexicanas incautaron armas y estupefacientes en el momento de la detención de Hernández. De ser declarado culpable, puede ser sentenciado a cadena perpetua, además de que podría tener que pagar una multa de 21 millones de dólares.

En el momento en que se descubrió el túnel, las fuerzas del orden federales incautaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estimó en más de 45 millones de dólares estadounidenses. Foto: Tomada de @SDCAnews

De acuerdo con la acusación, Hernández participó en la construcción del túnel hallado en el interior de un comercio situado en el número 2498 de Roll Drive, local E, en San Diego, el 29 de mayo de 2026, en beneficio del CJNG

En el momento en que se descubrió el túnel, las fuerzas del orden federales incautaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estimó en más de 45 millones de dólares estadounidenses. Hernández es la séptima persona imputada en relación con el túnel. La investigación sigue en curso.

Se estimó que el pasadizo subterráneo, que se extendía desde Tijuana (México) hasta la supuesta tienda minorista situada cerca del puesto fronterizo de Otay Mesa, conocida como «Buy 4 Less» , tenía unos 589 metros de largo y poco más de un metro de altura. Contaba con paredes reforzadas, sistemas de raíles y ventilación y electricidad.

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Washington. El gobierno de Estados Unidos expulsó a un diplomático cubano tras un enfrentamiento con un funcionario estadounidense en la sede de Naciones Unidas, un día después de una acalorada discusión entre el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, y el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, según publica este jueves el diario New York Times.

De acuerdo con el diario, el Departamento de Estado comunicó a la misión cubana ante la ONU que su primer secretario, Richard Tur de la Concepción, «no era bienvenido» en el país, después de que intentara apartar de un manotazo el teléfono de un funcionario estadounidense que lo grababa en el salón principal de la organización.

El incidente ocurrió el pasado martes, durante una sesión de la Asamblea General en la que Waltz se pronunció contra una resolución que pedía el fin del embargo económico estadounidense sobre Cuba.

Desde la tribuna, el embajador acusó al gobierno cubano de represión, corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que provocó las protestas de los miembros de la delegación de la isla, que se acercaron al estrado, según el rotativo.

Tras el altercado, Waltz acusó al diplomático cubano de intentar intimidar al personal de Naciones Unidas y aseguró que regresaría a La Habana. Por su parte, el embajador de Cuba ante la ONU presentó una protesta formal ante la oficina del secretario general, al considerar que el funcionario estadounidense había acosado a Tur de la Concepción.

La expulsión se produce en un contexto de renovada tensión entre Washington y La Habana, mientras la Administración de Donald Trump aumenta la presión sobre el gobierno cubano.

La resolución contra el embargo obtuvo este año 130 votos a favor, frente a los 165 del año pasado, su menor respaldo en dos décadas, según datos de la oficina de prensa de Naciones Unidas.

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