Las autoridades anunciaron el martes que una prueba de ADN vinculó al asesino en serie Ted Bundy con la muerte de una adolescente de Utah, exactamente 52 años después de que un cazador halló su cuerpo en un bosque.

Bundy murió en 1989, pero el conteo de sus víctimas sigue aumentando debido a los avances en las pruebas de ADN. Mató al menos a 30 mujeres y niñas en varios estados en la década de 1970, y muchas más escaparon o sobrevivieron con heridas.

Margaret Olson, fiscal del condado Summit, Utah, indicó que los investigadores están convencidos de que Bundy fue quien mató a Melissa Ann Smith, de 17 años, en 1974, y cuyo caso estaba sin resolver.

“Este caso demuestra la importancia de preservar las pruebas”, dijo la jefa de policía del condado Salt Lake, Rosie Rivera.

El sargento Mike Reynolds, de la policía de Utah, señaló que había similitudes entre los casos de Laura Aime y Melissa Smith. El ADN que identificó a Bundy provenía del cromosoma Y, que solo está presente en los hombres. En pruebas obtenidas de la autopsia de Smith se encontró un perfil de ADN muy similar. Las autoridades se han puesto en contacto con los familiares más cercanos de Smith.

Las autoridades confirmaron que las pruebas de ADN recuperadas de otra víctima coincidían con el cuerpo de Smith. Funcionarios del condado de Utah presentaron las pruebas de ADN a la policía del condado Summit el 7 de octubre.

Reynolds, quien participó en la investigación, expresó: “Con cada caso que se cierra, ojalá podamos aplastar el recuerdo de Ted Bundy”.

Bundy fue ejecutado en 1989 en Florida en la silla eléctrica por los asesinatos de dos mujeres en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida en 1978.

Bundy hizo una serie de confesiones en sus últimos días, incluidas algunas sobre delitos que antes eran desconocidos para la policía. No todos esos casos han sido confirmados.

Además de Florida y Utah, las autoridades indicaron que Bundy dejó víctimas en Colorado, Idaho y el estado de Washington. Dijeron que están trabajando para resolver la muerte de Nancy Wilcox, de 16 años, otra probable víctima en Utah.

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Los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pidieron este martes que uno de sus representantes sea el próximo secretario general de la ONU.

En una declaración conjunta, la organización formuló el pedido en el marco de las votaciones para elegir al sucesor del portugués António Guterres, de 77 años, a partir del próximo año.

La ONU atraviesa por uno de sus períodos más difíciles ante los múltiples conflictos en curso, las dificultades financieras y las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad.

«Ha llegado el momento» de que una persona de la región ocupe el cargo, sostuvo la diplomática uruguaya Laura Dupuy Lasserre en nombre de la Celac.

«Estamos convencidos de que la designación de una personalidad de nuestra región contribuirá a reforzar los esfuerzos en favor de un sistema internacional más inclusivo y representativo, así como al fortalecimiento de las Naciones Unidas«, añadió.

América Latina reivindica su derecho al cargo en virtud de una rotación geográfica que no siempre se ha respetado.

Varios aspirantes de la región compiten por suceder a Guterres.

La costarricense Rebeca Grynspan; el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi; la exministra de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett; las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki forman parte de la lista de candidatos.

Hasta ahora, los 15 países miembros del Consejo de Seguridad no han logrado ponerse de acuerdo. Cinco de ellos -Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia– tienen derecho de veto.

Sin embargo, los candidatos latinoamericanos han encabezado las preferencias en varias votaciones indicativas celebradas desde julio

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dmm/aosr

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia contra quien resulte responsable por los supuestos conflictos de interés entre consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y un proveedor de materiales.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que este escándalo no puede quedar en la impunidad, sin castigo y únicamente con la renuncia de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, principal señalada por sus presuntos vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf.

“Si se comprueban actos de corrupción o de conflicto de interés, que se castigue a quien se tenga que castigar. No puede ser que con una destitución nos quieran hacer creer que ahí mueren las cosas; tenemos que limpiar por completo al Instituto Nacional Electoral”, dijo este martes 27 de octubre a las afueras de las oficinas de la FGR.

Supuestamente, en la denuncia presentada ante las autoridades buscan que se investiguen las revelaciones de diversos trabajos periodísticos que señalan vínculos directos entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, quien además aparecía asignado como chofer de la Presidencia del INE, pero habría renunciado a su puesto, según la expresidenta del instituto.

legitimidad del Instituto Nacional Electoral, incluso si se toma en cuenta la dimensión de la votación, con gubernaturas, alcaldías y cargos legislativos en juego.

“No hay manera de entrar a una nueva elección con la más mínima duda de la legitimidad de su autoridad electoral”, señaló.

Mientras tanto, Blanca Cruz fue designada como presidenta interina del INE, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el proceso para elegir a la siguiente persona que asuma la Presidencia, lo que podría tomar entre tres y cuatro semanas.

A la par, se rumora la salida de otros altos directivos del INE, quienes también aparecieron en festejos con José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei. Sin embargo, no está claro si todos operaron para beneficiar a algunas empresas.