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Poder Judicial paga renta a amigo de Andy; Amílcar Olán ha recibido al menos 40 mdp
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Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, le renta un edificio en Tabasco al Poder Judicial de la Federación (PJF). El primer contrato de arrendamiento, firmado en 2018, establece una renta mensual de más de 650 mil pesos durante 57 meses, lo que equivale a más de 40 millones de pesos por la vigencia del acuerdo inicial.
El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco, en donde se instalaron los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el acuerdo se llevó a cabo a través del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Según el contrato consultado por EL UNIVERSAL, el documento se firmó el 1 de mayo de 2018 en Villahermosa, Tabasco. Inicialmente, Olán Aparicio rentó el inmueble de 2 mil 265 metros cuadrados distribuidos en seis plantas y 28 cajones de estacionamiento por un monto de 650 mil pesos, a los que sumaron 52 mil 570 pesos por cuota de conservación y mantenimiento; dando un total de 702 mil 570 pesos de renta mensual que no fue cobrada durante los primeros tres meses debido al gasto que el Consejo realizó por trabajos de adaptación.

Contrato entre el PJF y Jorge Amílcar Olán Aparicio. Foto: Captura

Contrato entre el PJF y Jorge Amílcar Olán Aparicio. Foto: Captura
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Una modificación al contrato firmada el 30 de octubre de 2019 en la Ciudad de México establece que, el 15 de febrero de ese año, Olán Aparicio manifestó el deseo de incrementar la renta mensual a 715 mil 568 pesos, incluyendo la cuota de mantenimiento, a partir del 1 de mayo de ese mismo año.
El PJF pagó a Olán Aparicio al menos 6 millones 323 mil 138 pesos por la renta del inmueble por los primeros nueve meses de arrendamiento previos a la modificación al precio de alquiler. En los 48 meses posteriores, que abarcan del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023, se habrían desembolsado otros 34 millones 347 mil 288 pesos.
La suma total de lo que habría pagado el PJF al empresario tabasqueño durante los primeros cinco años de arrendamiento es de 40 millones 670 mil 427 pesos. Sin embargo la información de la PNT muestra variaciones respecto al monto entregado al empresario por estos años, pues reporta cantidades de entre 48 millones 845 mil 550 y 54 millones 803 mil 775 pesos.
Los representantes del CJF que firmaron el contrato celebrado en 2018 fueron Miguel Francisco González Canudas, Secretario Ejecutivo de Administración; Salvador Robles Cruz, Coordinador de Administración Regional y Alfredo Jesús Arriaga Uribe como Director General de Asuntos Jurídicos.

Edificio de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del PJF en Tabasco. Junio 2026. Foto Luma López
La modificación de 2019 fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez en el cargo de Secretario Ejecutivo de Administración. También firmaron Rodrigo de Zulueta Rodrigo, entonces Coordinador de Administración Regional del CJF y Adrián Valdés Quirós, quien se desempeñaba como Director General de Asuntos Jurídicos.
Ríos Camarena fue acusado en 2021 de incurrir en irregularidades como contrataciones del CJF sin procedimientos de licitación y con un sobrecosto de hasta el 30%, pero fue exonerado en 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a falta de pruebas.
Por otro lado, De Zulueta Rodrigo fue señalado en una investigación del diario EL PAÍS por formar parte de una trama de lavado de dinero vinculada al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.
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El contrato firmado en 2018 y su modificación de 2019 establecen una vigencia de 5 años a partir de la firma del acuerdo, expresando como fecha de término el 30 de abril de 2023, sin embargo una cláusula establece que “si al término del plazo forzoso, ‘el consejo’ continúa en uso y goce del inmueble, el arrendamiento continuará por tiempo indeterminado”.
EL UNIVERSAL consultó al Órgano de Administración Judicial (institución que sustituyó algunas de las funciones del CJF tras la reforma judicial) acerca de la continuidad del acuerdo con el empresario tabasqueño. En respuesta, el órgano señaló que en mayo de 2023 se firmó un “convenio modificatorio” que extendió el arrendamiento hasta el 31 de marzo de 2025, fecha en que se suscribió un nuevo contrato que finalizó el 31 de diciembre de aquel año. El 1 de enero de 2026 se suscribió un tercer contrato. Sin embargo, la institución no detalló si hubo cambios en el monto que se paga mensualmente.
“No obstante, la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”, detalló el órgano.

Edificio de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del PJF en Tabasco. Junio 2026. Foto Luma López
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El portal Latinus ha reportado que Olán Aparicio es prestanombres de Andy y Gonzalo López Beltrán, en julio de 2025 el medio reveló que Olán se introdujo al negocio del desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios a través de su empresa Aman Desarrollos, con el proyecto “Cabo Paraíso”, una propuesta para la construcción de un exclusivo fraccionamiento de 23 hectáreas con 404 casas residenciales, 70 departamentos y cuatro superficies comerciales, a dos kilómetros de la Refinería de Dos Bocas.
Además, el portal de noticias lo señala como operador central de “El Clan”, una “red de corrupción y de tráfico de influencias encabezada por Andy y Gonzalo López Beltrán”, la cual, asegura, ganó dinero a través del Tren Maya, PEMEX, Sedena y con la venta de medicinas a gobiernos morenistas.
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También se le señala de ser proveedor de balastro para la línea K del Tren Interoceánico, por un contrato de 47.6 millones de pesos, obra supervisada por el hijo del expresidente López Obrador, Gonzalo López Beltrán
En 2024, audios revelados también por Latinus registraron que supuestamente Olán Aparicio aseguró que Gonzalo López Beltrán les repartió las minas en Oaxaca para explotarlas y sacar balastro, “Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca, que nosotros las explotemos”, se escucha en el registro.
En 2023 una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que una de las empresas del empresario tabasqueño, Romedic, recibió entre 2020 a 2022 contratos por más de 490 millones de pesos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en Quintana Roo y Tabasco.

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El Senado retornará a la Cámara de Diputados la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), luego de aprobar una reserva que exenta a la producción automotriz de la limitación de deducciones aplicable a empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.
Durante la votación del martes 27 de octubre en el pleno, también fueron aprobadas la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos.
Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, presentó la reserva para modificar el artículo 78E. Argumentó que la equidad tributaria no obliga a tratar de la misma manera actividades económicamente distintas.
La propuesta busca establecer una modificación para otorgar claridad y certeza para mitigar impactos para el sector automotriz y de autopartes, brindando certidumbre a las inversiones automotrices.
Destacó que su operación es similar a otras industrias manufactureras que sí estaban incluidas.
Se agregó una excepción para actividades de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel y cuenten con el permiso correspondiente.
“Este es un sector altamente regulado, sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente. Además, su estructura económica supone costos de adquisición elevados respecto con sus ingresos”.
Durante la sesión, el oficialismo también pasó sin cambios la Ley de Derechos, que trae aumentos en cuotas de determinados servicios que presta el Estado, y la actualización del uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como las cuotas de derechos de visitantes para actividades remuneradas, en los servicios de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola y en las correspondientes al uso de bandas de frecuencia de 600 y 700 MHz.
Claudia Anaya, senadora del PRI, criticó que Hacienda “quiera recaudar mediante la ley de derechos”, y suban también cuotas para “trámites médicos; vamos a encarecer la salud”.
Sobre la Ley de Ingresos, que también fue aprobada sin cambios en el pleno, la oposición coincidió en lo grave del nivel de endeudamiento propuesto de hasta 1.7 billones de pesos.
“Para 2027 el gobierno pretende gastar 1.57 billones de pesos solamente en intereses y costo de la deuda. Estamos hablando de una cantidad, fíjense bien, superior a todo lo que es el presupuesto destinado a salud, al tema educativo y más de cuatro veces destinado a seguridad y a lo que es justicia”, dijo el panista Antonio Martín del Campo.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a la consejera Blanca Cruz para que sea la presidenta interina del organismo mientras la Cámara de Diputados designa una nueva presidencia, para concluir el periodo de nueve años que correspondía a Guadalupe Taddei.
En reunión privada, los 10 consejeros del INE decidieron postular a Blanca Cruz como presidenta interina, votar su designación oficial en el Consejo General y enviar la notificación a San Lázaro.
Una de las primeras decisiones colegiadas fue cancelar todos los contratos del instituto hasta nuevo aviso, revisar los ya existentes y solicitar renuncias a funcionarios del organismo implicados en el escándalo de Taddei, la expresidenta del INE. Se comprometió a no utilizar los “superpoderes” a los que tiene derecho la presidencia.
“Aunque se pueda poner a alguien de manera unilateral es algo que en este momento no tenemos considerado, lo digo a título personal y se los reitero a mis colegas, no es una posibilidad que vayamos a utilizar, tenemos que consensuar cada movimiento para poder avanzar en esta solidez institucional”, dijo Blanca Cruz.
Las tres renuncias que los consejeros pidieron en colegio fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes además participaban en las reuniones con el empresario ligado a Taddei, Alfredo Hernández Casillas.
Blanca Cruz tiene una amplia trayectoria en el oficio electoral, desde los 20 años trabajando en el Servicio Profesional de Carrera en el INE y hasta que llegó a ser consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
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En la gestión de Cruz como presidenta del IEE Puebla, la empresa Comercializadora JVLY, vinculada al conglomerado de empresas de José Alfredo Hernández Casillas, recibió al menos un contrato por 129 millones 700 mil pesos.
El IEE contrató a la empresa ligada al clan Taddei en marzo de 2024 para el suministro de material electoral y de simulacro que se utilizó en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2024, en el que ganó el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
Blanca Cruz dijo que es sano que la Auditoría Superior de la Federación haya abierto investigaciones no sólo para el INE, sino para los organismos locales, y conviene que revisen “con total transparencia” todos los contratos otorgados.
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“De mi parte no tengo nada que ocultar, [ese contrato] está gestionado desde la institucionalidad de los procedimientos en el OPL de Puebla y así han sido también las auditorías que nos han realizado. Con total apertura se puede revisar el trabajo que yo he realizado, no de ahora, sino de los 15 años que llevo en el Servicio Profesional Electoral”, dijo.
Además de las amenazas que denunció la consejera Rita Bell López y de la manera en que fue involucrada de forma tramposa, según dijo, por Taddei con el proveedor Alfredo Hernández Casillas, los demás consejeros negaron conocerlo.
Específicamente fueron cuestionados los consejeros más cercanos a Guadalupe Taddei: Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño, este último además llegó tarde al mensaje de los 10 consejeros. To dos lo negaron. “A mí ni me hablaba”, dijo el consejero Martín Faz sobre la expresidenta del INE.
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Otra decisión que tomaron de manera colegiada los consejeros fue dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) de todas las irregularidades y de los funcionarios ligados a la red de corrupción del clan Taddei, así como pedir una revisión de los trabajos cumplidos o no de los funcionarios implicados, incluido el contralor.
En su toma de protesta, tanto los consejeros electorales como los representantes de partidos políticos expresaron su respaldo a Blanca Cruz García, siempre y cuando se sostenga en su decisión de tomar todas las decisiones del organismo de manera colegiada.
El consejero Martín Faz le advirtió que parte de sus tareas será “empezar a reconstruir” aquello que se derrumbó con la pérdida de la colegialidad. “Que esta crisis nos recuerde que ninguna persona debe estar por encima de la institución”, dijo Faz.
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A su vez, el consejero Uuc-kib Espadas dijo que el INE “no puede soportar más complicidades con intereses particulares” y advirtió que las investigaciones deben derivar en responsabilidades contra quienes resulten responsables.
Por su parte, el diputado del PAN Víctor Hugo Sondón admitió que el prestigio del INE se vio trastocado con el escándalo de los proveedores favoritos de Taddei. “Le pedimos a Morena que saque las manos del INE”, añadió Sondón.
El representante de Morena, Carlos Guillermo Díaz Robles, pidió que “esta coyuntura no se convierta en una cacería de brujas” en contra de más consejeros o funcionarios que no estén implicados en el escándalo de Taddei.
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Blanca Cruz toma protesta como presidenta del INE; elecciones de 2027 seguirán sin interrupciones
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La nueva presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Blanca Cruz García, se comprometió este martes a facilitar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el organismo que organiza las elecciones en el país, al asumir el cargo tras la renuncia de la saliente titular Guadalupe Taddei en medio de señalamientos de corrupción.
“Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones”, aseveró Cruz García en su primer discurso tras asumir funciones.
La funcionaria afirmó que las áreas del organismo deberán entregar la documentación requerida y ofreció plena colaboración al órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También aseguró que los preparativos de las elecciones de 2027 continuarán “sin interrupciones”.
Por último, Cruz García informó que el nombramiento provisional será notificado a la Cámara de Diputados, a la que le corresponde definir quien ocupará la presidencia del INE por el resto del periodo de Taddei, previsto hasta abril de 2032.
Momentos antes, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la designación de Cruz García con diez votos a favor, el total de las consejeros que integran el organismo.
Además, las consejerías informaron de la renuncia de tres responsables de áreas técnicas y administrativas del INE y acordaron revisar los cargos directivos, además de colaborar con las investigaciones.
Consejeros del INE piden investigar a Taddei
Durante la sesión, varios consejeros advirtieron de una “crisis” de credibilidad en el INE y pidieron esclarecer las presuntas irregularidades administrativas que rodearon la salida de Taddei.
Entre los funcionarios, el consejero Uuc-kib Espadas calificó la situación como una crisis “extremadamente grave y sin precedentes”.
La ratificación de la decisión de los consejeros del INE llega luego de que el lunes la Cámara de Diputados recibiera la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del organismo.
La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.
La ASF anunció el viernes pasado una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.
México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, diecisiete gubernaturas y otros cargos públicos.




